Blog De Alejandro Valiño [Universitat de València]

Summer School of European Private Law – Salzburg (Austria), 3 al 17 de julio de 2017

diciembre 22, 2016 | | Comments Off on Summer School of European Private Law – Salzburg (Austria), 3 al 17 de julio de 2017

Entre el 3 y el 15 de julio de 2017 tendrá lugar en Salzburg (Austria) la 18ª edición de la Summer School of European Private Law, toda una oportunidad para estudiantes de Derecho que deseen tener una visión panorámica de los distintos sistemas jurídicos existentes en Europa (y en otras latitudes) a través de un conjunto de lecciones (en inglés, pero en algunos casos con opción a recibirlas en otros idiomas) y seminarios (en inglés, pero también en francés y alemán) impartidas por profesores de prestigio internacional en un ambiente sensacional en el que se concitan más de un centenar de estudiantes procedentes de un sinfín de países y que, en buena medida, es propiciado por el buen hacer del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Salzburg, con el Director del programa, Prof. Dr. Johannes Michael Rainer a la cabeza.

Siendo que desde hace muchos años tengo el honor de ser profesor del curso además de asiduo visitante y conferenciante en el Departamento de Derecho Romano de la Universidad de Salzburgo, aquellos alumnos de la Universidad de Valencia que tengan interés en vivir una experiencia semejante (como ya experimentaron antes otros ahora ya graduados), pueden ponerse en contacto conmigo si desean información adicional.

En todo caso, en los enlaces de abajo, se puede consultar el folleto informativo (en inglés) y visitar la página de Facebook de la Summer School de Derecho privado europeo de la Universidad de Salzburgo.

Folleto del Curso

Facebook de la Salzburger Summer School

Broschure Summer School Salzburg 2017_Página_1

Broschure Summer School Salzburg 2017_Página_6

Jornada “Los nuevos retos del Derecho deportivo”

abril 20, 2017 | | Comments Off on Jornada “Los nuevos retos del Derecho deportivo”

Información en ADEIT
Información Escola de l’Esport
Descargar programa

II Curso de Introducción al Derecho romano: estampas del Derecho romano arcaico

enero 17, 2017 | | Comments Off on II Curso de Introducción al Derecho romano: estampas del Derecho romano arcaico

Curso de Derecho Romano - Febrero 2017

 

 

 

 

 

 

Se abre el plazo de inscripción al II Curso de Introducción al Derecho Romano: Estampas del Derecho Romano Arcaico. – Profesorado: Fco. Javier Casinos Mora, Carlos Sánchez-Moreno Ellar, Alejandro Valiño Arcos y David Ros Gil. – Fecha de inicio: 3 de febrero de 2017. – Fecha de finalización: 10 de marzo de 2017. – Número de horas: 20. – Horario: viernes de 16 a 18 horas. – Precios:  Socios SEEC: 40 € Estudiantes: 30 € No socios: 60 €

Descarga aquí el formulario de inscripción

Información en la Web de la SEEC de Castellón y Valencia

La reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho civil valenciano

diciembre 24, 2016 | | Comments Off on La reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho civil valenciano

Diario La Ley
Ver en Academia

Las recientes Sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional n.º 82/2016, de 28 de abril y 110/2016, de 9 de junio junto con la pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (de 16 de noviembre de 2016) parecen haber liquidado definitivamente las expectativas de una revitalización del Derecho civil valenciano tras la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana operada en el año 2016 al haber sido declarada la completa nulidad de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano; de forma limitada a los aspectos relacionados con el derecho civil, la Ley 5/2012, de 15 de octubre de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana, ambas dictadas al amparo del crecimiento de la competencia operado por la reforma estatutaria; y, finalmente, la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Precisamente el sentido de esa reforma, que no fue objeto de cuestionamiento alguno, es el que ha servido de base para la formulación del único voto particular disidente: el del Magistrado Excelentísimo Sr. D. José Antonio Xiol Ríos. El autor aborda el contenido de las tres sentencias, poniéndolas en relación con la doctrina que el Tribunal Constitucional había ya vertido sobre los límites constitucionales al ejercicio de la competencia legislativa en materia de derecho civil por parte de aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un derecho civil foral o especial propio: la competencia debe concretarse en las operaciones normativas de conservación, modificación y desarrollo de un derecho civil propio que, sea de forma compilada o consuetudinaria, hubiese estado vigente al tiempo de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución, sin que el tenor literal del «allí donde existan» que contiene el art. 149.1.8 de la Constitución Española pueda ser interpretado comprensivo de los supuestos de vigencia pretérita, como es el caso de la Comunidad Valenciana, siendo que es un hecho histórico incuestionable que los Fueros del antiguo Reino de Valencia fueron derogados por el primer Borbón al comienzo del siglo XVIII. Sin perjuicio de las legítimas aspiraciones de orden político que puedan sostenerse, es también un hecho incontrovertible que los valencianos, no sin cierta resistencia, se terminaron por acomodar al dictado del derecho castellano, sin que nunca hayan faltado voces reivindicativas, como la que muy activamente representa en este momento la Associació de Juristes Valencians.

Referencia en Migrar con Derechos
Referencia en Conflictus Legum, Blog del Prof. Federico Garau

Sull’origine del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

diciembre 24, 2016 | | Comments Off on Sull’origine del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

Ver en Academia

Protección de las personas con discapacidad en el régimen sucesorio del Código Civil

diciembre 24, 2016 | | Comments Off on Protección de las personas con discapacidad en el régimen sucesorio del Código Civil

Ver en Academia

STJUE de 21 de diciembre de 2016 de la Gran Sala sobre el alcance de la retroactividad de las cláusulas suelo

diciembre 24, 2016 | | Comments Off on STJUE de 21 de diciembre de 2016 de la Gran Sala sobre el alcance de la retroactividad de las cláusulas suelo

Pinche el enlace de iustel

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 21 de diciembre de 2016 (*)

“Procedimiento prejudicial – Directiva 93/13/CEE – Contratos celebrados con los consumidores – Préstamos hipotecarios – Cláusulas abusivas – Artículo 4, apartado 2 – Artículo 6, apartado 1 – Declaración de nulidad – Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva”

En los asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada (C‑154/15), mediante auto de 25 de marzo de 2015, recibido en el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2015, así como por la Audiencia Provincial de Alicante (C‑307/15 y C‑308/15), mediante autos de 15 de junio de 2015, recibidos en el Tribunal de Justicia el 1 de julio de 2015, en los procedimientos entre

Francisco Gutiérrez Naranjo

y

Cajasur Banco, S.A.U. (asunto C‑154/15),

Ana María Palacios Martínez

y

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) (asunto C‑307/15),

Banco Popular Español, S.A.,

y

Emilio Irles López,

Teresa Torres Andreu (asunto C‑308/15),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. M. Ileič, Presidentes de Sala, y los Sres. J. Malenovský, E. Levits (Ponente), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, y F. Biltgen y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de abril de 2016;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre del Sr. Gutiérrez Naranjo, por la Sra. A.M. Navarro Vidal, procuradora, y los Sres. A. Martínez Muriel, D. Pineda Cuadrado y L. Pineda Salido, abogados;

– en nombre de la Sra. Palacios Martínez, por el Sr. F.J. Zambudio Nicolás, abogado, y la Sra. R. López Coloma, procuradora;

– en nombre del Banco Popular Español, S.A., por las Sras. C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas y el Sr. J. Capell, abogados;

– en nombre de Cajasur Banco, S.A.U., por los Sres. J. Ramón Peñalver y D. Sarmiento Ramirez-Escudero, abogados;

– en nombre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. A. Rodríguez Conde, abogados;

– en nombre del Sr. Irles López y de la Sra. Torres Andreu, por la Sra. Y. Sánchez Orts, procuradora, y el Sr. F. García Cerrillo, abogado;

– en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis y el Sr. M. Sampol Pucurull, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. indelková y por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S. Simmons y el Sr. L. Christie, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. S. Ford, Barrister, así como por la Sra. K. Smith y el Sr. B. Kennelly, QC;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. D. Roussanov, N. Ruiz García y J. Baquero Cruz, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de julio de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación, en particular, de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

2 Dichas peticiones han sido presentadas en el contexto de asuntos en los que varias personas que han suscrito préstamos hipotecarios litigan con entidades de crédito en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas sobre la base de cláusulas contractuales cuyo carácter abusivo ha sido declarado por los tribunales.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El décimo considerando de la Directiva 93/13 afirma lo siguiente:

“[…] puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas […]”.

4 El considerando duodécimo de la misma Directiva precisa:

“[…] es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva”.

5 Según el considerando vigesimocuarto de la Directiva 93/13:

“[…] los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”.

6 A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13:

“Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.”

7 Con arreglo al artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la misma Directiva:

“Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.”

8 El artículo 4 de dicha Directiva dispone lo siguiente:

“1. Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.

2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.”

9 El artículo 5 de la misma Directiva precisa:

“En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. […]”

10 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé:

“Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.”

11 A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva:

“Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.”

Derecho español

Legislación

12 Según el artículo 1303 del Código Civil:

“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.”

13 El artículo 82, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE n.º 287, de 30 de noviembre de 2007), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, “LGDCU”), dispone lo siguiente:

“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”

14 El artículo 83 de la LGDCU prevé:

“Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.”

15 El artículo 5, apartado 5, de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación, de 13 de abril (BOE n.º 89, de 14 de abril de 1998), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, “LCGC”), dispone lo siguiente:

“La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.”

16 El artículo 7 de la LCGC prevé:

“No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.”

17 A tenor del artículo 8 de la LCGC:

“1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor […].”

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

– Sentencia n.º 241/2013, de 9 de mayo de 2013

18 Habiendo de conocer de una acción colectiva ejercitada contra varias entidades de crédito por una asociación de consumidores, en la sentencia n.º 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (en lo sucesivo, “sentencia de 9 de mayo de 2013”), el Tribunal Supremo, tras constatar el carácter abusivo de las cláusulas que establecían un umbral mínimo por debajo del cual no podía situarse el tipo de interés variable (en lo sucesivo, “cláusulas suelo”), cláusulas contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores, declaró la nulidad de tales cláusulas.

19 El Tribunal Supremo consideró que las mencionadas cláusulas, que se refieren a la definición del objeto principal de los contratos de que se trata, resultaban gramaticalmente inteligibles para los consumidores y, por tanto, cumplían el requisito de redacción de manera clara y comprensible que exige el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. De este modo, para dicho Tribunal no procedía considerar que tales cláusulas tuvieran carácter abusivo, de conformidad con la jurisprudencia formulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, EU:C:2010:309).

20 No obstante, basándose específicamente en los principios formulados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180), el Tribunal Supremo consideró que la exigencia de transparencia, prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, debe entenderse referida a la observancia no sólo de un aspecto formal sino también de un aspecto material, con el mismo alcance que la exigencia contemplada en el artículo 5 de la misma Directiva y relacionado con el carácter suficiente de la información que se facilita a los consumidores, en el momento de la celebración del contrato, acerca de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas para ellos de la aplicación de las cláusulas relativas, en particular, al objeto principal del contrato.

21 Pues bien, según el Tribunal Supremo, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de mayo de 2013, no se cumplía la exigencia de transparencia material, en la medida en que las entidades bancarias de que se trataba no habían facilitado tal información a los consumidores en el momento de la celebración de los contratos de préstamo que contenían una cláusula suelo. Así pues, el Tribunal Supremo procedió a analizar el carácter eventualmente abusivo de las mencionadas cláusulas, a la luz de los criterios generales de buena fe, equilibrio y transparencia enunciados en el artículo 3, apartado 1, en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5 de la Directiva 93/13, y declaró la nulidad de esas cláusulas suelo en razón de su falta de transparencia derivada de la insuficiente información facilitada a los prestatarios en cuanto a las consecuencias concretas de la aplicación de las mismas en la práctica.

22 El Tribunal Supremo declaró no obstante que los contratos de préstamo hipotecario en cuestión podían subsistir y, además, limitó la retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo.

23 A este respecto, tras recordar que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, debía considerarse que las cláusulas en cuestión no habían surtido efecto alguno, el Tribunal Supremo declaró que, no obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, esta eficacia no podía ser impermeable a los principios generales del Derecho y, entre ellos, de forma destacada, al principio de seguridad jurídica.

24 El Tribunal Supremo declaró que las cláusulas suelo eran lícitas en cuanto tales; que respondían a razones objetivas; que no se trataba de cláusulas inusuales o extravagantes; que su utilización había sido tolerada largo tiempo por el mercado de préstamos inmobiliarios; que la nulidad de las mismas derivaba de una falta de transparencia debido a la insuficiencia de la información a los prestatarios; que las entidades crediticias habían observado las exigencias reglamentarias de información; que la finalidad de la fijación del tope mínimo respondía a la necesidad de mantener un rendimiento mínimo de los referidos préstamos hipotecarios que permitiera a las entidades bancarias resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones; que las cláusulas suelo se calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir sus comportamientos económicos; que la legislación española permitía la sustitución del acreedor, y que la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas en cuestión generaría el riesgo de trastornos económicos graves.

25 En consecuencia, a la luz de las mencionadas consideraciones, el Tribunal Supremo, con fundamento en el principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia temporal de su sentencia y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de las cláusulas suelo controvertidas no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de 2013, de manera que tan sólo deberían restituirse las cantidades indebidamente pagadas, sobre la base de tales cláusulas, con posterioridad a aquella fecha.

– Sentencia n.º 139/2015, de 25 de marzo de 2015

26 En la sentencia n.º 139/2015, de 25 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, “sentencia de 25 de marzo de 2015”), el Tribunal Supremo confirmó la limitación de los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de una cláusula suelo en el marco de la demanda individual de un consumidor que reclamaba la restitución de las cantidades indebidamente pagadas sobre la base de una cláusula de este tipo. Al proceder de esta manera, el Tribunal Supremo hizo extensiva a las acciones individuales de cesación y de reparación la solución adoptada anteriormente por la sentencia de 9 de mayo de 2013 en lo relativo a las acciones colectivas de cesación. Así pues, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de marzo de 2015, la obligación de restitución se limitó exclusivamente a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

Hechos de los litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C‑154/15

27 El Sr. Francisco Gutiérrez Naranjo celebró con Cajasur Banco, S.A.U., un contrato de préstamo hipotecario que contenía una cláusula suelo.

28 Basándose tanto en la Directiva 93/13 como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Sr. Gutiérrez Naranjo presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada una demanda con objeto de que dicho Juzgado declarara la nulidad de la referida cláusula suelo y ordenara la restitución de las cantidades indebidamente pagadas con fundamento en la misma.

29 El Juzgado remitente se pregunta si el hecho de limitar los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula contractual, en razón de su carácter abusivo, exclusivamente al período posterior a esta declaración de nulidad resulta compatible con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13.

30 En consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) La interpretación de “no vinculación” que realiza el art. 6.1 de la Directiva 93/13, ¿es compatible en estos supuestos con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de la citada cláusula no obstante extiende sus efectos hasta que se declare la misma? Y por tanto que aunque se declare su nulidad se entenderá que los efectos que ha producido durante su vigencia no quedarán invalidados o ineficaces.

2) El cese en el uso que pudiera decretarse de una determinada cláusula (de conformidad a los apartados primeros de los artículos 6 y 7) en una acción individual ejercitada por un consumidor cuando se declare su nulidad: ¿Es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad? ¿Es posible moderar (por los tribunales) la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor -a que esté obligado el profesional- en aplicación de la cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de información y/o transparencia?”

Asunto C‑307/15

31 La Sra. Ana María Palacios Martínez celebró el 28 de julio de 2006 un contrato de préstamo hipotecario con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en lo sucesivo, “BBVA”), en el que se incluía una cláusula suelo.

32 El 6 de marzo de 2014, la prestataria presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante solicitando que se declarara la nulidad por abusiva de la mencionada cláusula suelo, así como obtener la devolución de las cantidades indebidamente pagadas a la entidad bancaria.

33 En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil, remitiéndose a la solución adoptada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013, estimó que la acción había quedado sin objeto, si bien entendía procedente la devolución a la demandante de las cantidades que la entidad bancaria pudiera haber percibido en virtud de dicha cláusula suelo a partir de la fecha en que se dictó aquella sentencia.

34 Habiendo de conocer de un recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Alicante alberga dudas acerca de la compatibilidad de la solución adoptada en primera instancia con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13.

35 Según la Audiencia Provincial de Alicante, la irretroactividad de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva puede entrar en contradicción tanto con los objetivos de la citada Directiva como con la prohibición de moderar por vía judicial los efectos de una cláusula abusiva. Por otro lado, la Audiencia Provincial duda de que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de mayo de 2013 concurrieran los requisitos que el Tribunal de Justicia exige para que puedan limitarse en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva.

36 En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Es compatible con el principio de no vinculación [de las cláusulas abusivas] reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 que los efectos restitutorios derivados de la declaración de nulidad por abusiva de una cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo no se retrotraigan a la fecha de celebración del contrato sino a una fecha posterior?

2) El criterio de buena fe de los círculos interesados que opera como fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva derivada [de la nulidad] de una cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto de los Estados miembros?

3) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué presupuestos deben atenderse para determinar la existencia de la buena fe de los círculos interesados?

4) En cualquier caso, ¿es conforme con la buena fe de los círculos interesados la actuación del profesional en la generación del contrato, que ha motivado la falta de transparencia determinante de la abusividad de la cláusula?

5) El riesgo de trastornos graves que opera como fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva derivada [de la nulidad] de una cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto de los Estados miembros?

6) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué criterios deberían ser tomados en consideración?

7) El riesgo de trastornos graves, ¿debe valorarse tomando sólo en consideración el que se pueda producir para el profesional, o también se deben tomar en cuenta el quebranto que se ocasione a los consumidores por la no restitución íntegra de las cantidades abonadas en virtud de dicha cláusula suelo?”

Asunto C‑308/15

37 El 1 de junio de 2001, el Sr. Emilio Irles López y la Sra. Teresa Torres Andreu celebraron con el Banco Popular Español, S.A. (en lo sucesivo, “Banco Popular”), un contrato de préstamo hipotecario que incluía una cláusula suelo. Mediante escrituras de novación de 2 de mayo de 2007 y de 14 de junio de 2007, las partes contratantes acordaron sendos aumentos de la cuantía del crédito. Cada una de las escrituras de novación contenía una cláusula suelo.

38 Al considerar que las circunstancias de su consentimiento a las cláusulas suelo se habían caracterizado por una falta de transparencia, los prestatarios presentaron ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Alicante una demanda mediante la que solicitaban que se declarara la nulidad de las cláusulas suelo y que se ordenara la devolución de las cantidades indebidamente pagadas con fundamento en las mismas.

39 La demanda fue estimada en primera instancia por el citado Juzgado de lo Mercantil, el cual condenó al Banco Popular a restituir a los prestatarios las cantidades indebidamente pagadas, en aplicación de las cláusulas suelo mencionadas, a partir de la celebración del contrato de préstamo y de las escrituras de novación de éste.

40 El Banco Popular interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, basándose en las sentencias de 9 de mayo de 2013 y de 25 de marzo de 2015.

41 La Audiencia Provincial de Alicante, por un lado, alberga dudas acerca de la compatibilidad de la limitación de los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva con el artículo 6 de la Directiva 93/13. Por otro lado, según esta Audiencia Provincial, el hecho de que, en la sentencia de 25 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo hiciera extensiva a las acciones individuales la solución que había adoptado en la sentencia de 9 de mayo de 2013 en el contexto de una acción colectiva podría tener como efecto restringir el derecho de los prestatarios, considerados individualmente, a la tutela judicial efectiva, en la medida en que las circunstancias específicas de cada caso concreto no se tomarían en consideración para determinar el punto de partida de la obligación de restitución que incumbe a la entidad bancaria que se haya beneficiado de los efectos de una cláusula abusiva.

42 En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, además de las cuestiones prejudiciales que ya había planteado en el marco del asunto C‑307/15, una octava cuestión prejudicial, formulada en los términos siguientes:

“8) ¿Es compatible con el principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, y con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la extensión automática de la misma limitación de los efectos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula “suelo” declarada en el seno de un procedimiento entablado por una asociación de consumidores contra entidades financieras, a las acciones individuales de nulidad de una cláusula “suelo” por abusiva instadas por los clientes-consumidores que contrataron un préstamo hipotecario con entidades financieras distintas?”

43 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2015, se acordó la acumulación de los asuntos C‑307/15 y C‑308/15 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

44 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de agosto de 2015, se denegaron las peticiones de la Audiencia Provincial de Alicante de que los asuntos C‑307/15 y C‑308/15 se tramitaran por el procedimiento acelerado previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

45 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2015, se acordó acumular el asunto C‑154/15 a los asuntos C‑307/15 y C‑308/15 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C‑154/15 y sobre la primera cuestión prejudicial en los asuntos C‑307/15 y C‑308/15

46 Mediante las dos cuestiones prejudiciales del asunto C‑154/15 y mediante la primera cuestión prejudicial de los asuntos C‑307/15 y C‑308/15, que procede examinar conjuntamente, los tribunales remitentes piden sustancialmente que se dilucide si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración judicial del carácter abusivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula incluida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el mencionado carácter abusivo.

47 Con carácter preliminar, procede examinar la alegación del Gobierno español, de Cajasur Banco y del Banco Popular, según la cual la cuestión de los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula como las cláusulas controvertidas en los litigios principales no está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, habida cuenta de que, al efectuar su pronunciamiento, el Tribunal Supremo garantizó a los consumidores un nivel de protección más elevado que el que garantiza la propia Directiva.

48 A este respecto, es cierto que de los autos de remisión se desprende que, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo, para justificar un control del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas, relativas al objeto principal de los contratos de que se trataba, interpretó la exigencia de transparencia a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva en el sentido de que tal exigencia no se circunscribía a la transparencia formal de las cláusulas contractuales, que implica el carácter claro y comprensible de la redacción de éstas, sino que se hacía extensiva a la observancia de la transparencia material, que implica que sea suficiente la información facilitada al consumidor en lo que atañe al alcance tanto jurídico como económico de su compromiso contractual.

49 No obstante, tal como observa el Abogado General en los puntos 46 a 50 de sus conclusiones, el control de la transparencia material de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato procede del que impone el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. En efecto, esta disposición prevé, en los mismos términos que los que figuran en el artículo 5 de la misma Directiva, que las cláusulas contractuales deberán estar “redactadas […] de forma clara y comprensible”.

50 Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información (sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 44).

51 Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular.

52 Así pues, y en la medida en que los órganos jurisdiccionales remitentes hacen referencia a la sentencia de 9 de mayo de 2013, que limitó el efecto restitutorio de la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo, procede examinar si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que autoriza a que un tribunal nacional establezca una limitación de este tipo.

53 A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional.

54 Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, apartado 44).

55 Por otro lado, se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 63).

56 Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, y tal como se desprende del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigesimocuarto considerando, esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces “para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores” (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 78).

57 Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 65).

58 En este contexto, por una parte, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, desde el momento en que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto.

59 En efecto, la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 exige que el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula (sentencia de 30 de mayo de 2013, Jőrös, C‑397/11, EU:C:2013:340, apartado 42).

60 Por otra parte, al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13, EU:C:2015:21, apartado 31 y jurisprudencia citada).

61 De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

62 De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.

63 Efectivamente, la exclusión de tal efecto restitutorio podría poner en cuestión el efecto disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 7, apartado 1, de esa misma Directiva, pretende atribuir a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores.

64 Es cierto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 exige que los Estados miembros establezcan que las cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores “en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales” (sentencia de 6 de octubre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 57).

65 No obstante, la regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal protección -ni, por tanto, su contenido sustancial-, poniendo de este modo en cuestión la protección más eficaz del consumidor, mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas, que fue voluntad del legislador de la Unión Europea, tal como se afirma en el décimo considerando de la propia Directiva 93/13.

66 Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva.

67 En el caso de autos, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que hacen referencia los órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal Supremo determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes de la fecha en que se dictó la propia sentencia y que, por consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración -especialmente el derecho del consumidor a la restitución- quedaban limitados a las cantidades indebidamente pagadas a partir de aquella fecha.

68 A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.

69 Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 6 octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 41).

70 No obstante, es preciso distinguir la aplicación de una regla procesal -como es un plazo razonable de prescripción- de la limitación en el tiempo de los efectos de la interpretación de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010, Barth, C‑542/08, EU:C:2010:193, apartado 30 y jurisprudencia citada). A este respecto, procede recordar que, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de febrero de 1988, Barra y otros, 309/85, EU:C:1988:42, apartado 13).

71 Así pues, las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, a las que se refiere el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no podrán afectar al contenido sustancial del derecho a no estar vinculado por una cláusula considerada abusiva, derecho que la citada disposición, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 54 a 61 de la presente sentencia, atribuye a los consumidores.

72 Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.

73 De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional -como la plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013- relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 60).

74 En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los órganos jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, apartados 29 a 32; de 19 de abril de 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, apartados 67 a 70).

75 De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

Sobre las restantes cuestiones prejudiciales

76 Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C‑154/15 y a la primera cuestión prejudicial en los asuntos C‑307/15 y C‑308/15, no procede responder a las restantes cuestiones prejudiciales.

Costas

77 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

El TJUE se pronuncia de nuevo en contra del proceso monitorio español por oponerse a la normativa comunitaria sobre protección de los consumidores

septiembre 15, 2016 | | Comments Off on El TJUE se pronuncia de nuevo en contra del proceso monitorio español por oponerse a la normativa comunitaria sobre protección de los consumidores

TJUE, Sala Décima, Auto 21 Junio 2016
Diario La Ley, Nº 8824, Sección Legal Management, 15 de Septiembre de 2016, Editorial Wolters Kluwer

Iniciado proceso monitorio por impago de préstamo, el deudor compareció ante el juez quien le requirió el pago de su deuda en un plazo de 20 días. Al no efectuarse ese pago ni formularse oposición alguna, se dictó auto que abría la vía ejecutiva contra el deudor.
El Juzgado que conocía de la demanda de ejecución de ese auto se cuestionó si era abusiva la cláusula de intereses de demora incluida en el contrato de préstamo pero subrayó que con arreglo al Derecho procesal español (en su versión aplicable a los hechos objeto del litigio), ni el juez que dictó ese auto, ni el juez que lo ejecuta están facultados para examinar si existe una cláusula abusiva en dicho contrato.
En esas circunstancias, decidió suspender el procedimiento y preguntar al TJUE si la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se opone a la mencionada normativa española.
En respuesta a dicha pregunta, el TJUE declara que la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) se opone a una normativa como la española que no permite al juez que conoce de la ejecución de un auto de conclusión de un proceso monitorio examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato celebrado entre un profesional y un consumidor que haya dado lugar a ese auto cuando, por falta de oposición del consumidor en el proceso monitorio, el juez que haya dictado el auto no estuviera facultado para proceder a ese examen.
El Tribunal señala que, en virtud del Derecho procesal nacional aplicable a los hechos del litigio, cabe que el proceso monitorio concluya sin que sea posible realizar un control judicial del carácter abusivo de las cláusulas incluidas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, lo cual puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993), que solo podría llevarse a cabo si el sistema procesal nacional permitiera el control de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate, en el marco del proceso monitorio o en el de la ejecución de la resolución por la que se ponga fin al proceso monitorio. Y no obsta a esta interpretación la circunstancia de que el Derecho procesal español confiera al auto de conclusión del proceso monitorio fuerza de cosa juzgada, ya que en todo caso debe respetarse el principio de efectividad, que exige analizar si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión.
En este sentido, el Tribunal destaca que, por una parte, conforme a los arts. 815.1 (LA LEY 58/2000) y 818.1 de la LEC (LA LEY 58/2000), el juez que conoce de la petición de proceso monitorio no está facultado, a falta de oposición del deudor, para declarar de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas, pues sus competencias se limitan al control formal del contrato en cuestión a efectos de la adopción del auto de conclusión del proceso monitorio. el juez nacional ante el que se presenta una petición de juicio monitorio ve limitadas sus competencias a la mera comprobación de que concurren los requisitos formales para iniciar ese proceso, de modo que, en caso de que así sea, deberá estimar la petición que se le ha planteado y dictar un requerimiento de pago con carácter ejecutivo sin poder examinar la procedencia de la petición habida cuenta de la información de que disponga, salvo que el deudor se niegue a pagar la deuda y formule oposición dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se haya notificado el requerimiento de pago.
Por otra parte, el auto con el que concluye el proceso monitorio adquiere fuerza de cosa juzgada, lo cual hace imposible el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate en la fase de ejecución de dicho auto.
En atención a ello, el Tribunal concluye que la normativa española no resulta conforme con el principio de efectividad, en la medida que hace imposible o excesivamente difícil, en los litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) pretende conferir a estos últimos.

El requisito de buena fe es innecesario en el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria

junio 8, 2016 | | Comments Off on El requisito de buena fe es innecesario en el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria

Acceso a la sentencia en Iustel
TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil dieciséis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario n.º 219/03, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Majadahonda; cuyos recursos fueron interpuestos ante la mencionada Audiencia por la representación procesal de doña Matilde Yolanda, don Blas Ezequias, doña Eulalia Petra, doña Estefania Zulima, doña Celsa Petra y don Evelio Isaac, representados ante esta Sala por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Quesada Martínez; y los herederos de doña Manuela Raquel, doña Carmen Tomasa, doña Tomasa Nuria y doña Carina Ramona, representadas por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Quesada Martínez;

siendo parte recurrida doña Tarsila Tamara, doña Dulce Justa, don Oscar Agapito y doña Rosalia Celestina (herederos de doña Rosalia Silvia ), representados por la Procuradora de los Tribunales doña Margarita López Jiménez.; doña Julia Susana y doña Justa Dulce, representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Paula Yustos Capilla

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio ordinario, promovidos a instancia de doña Belinda Marta, doña Justa Dulce, doña Manuela Raquel, doña Matilde Yolanda y don Lorenzo Cayetano, doña Hortensia Salome en nombre de la comunidad de herederos de don Bruno Octavio y el Instituto Secular de Schoenstatt contra Ignorados herederos de doña Nazario Inocencio, Ignorados herederos de doña Mercedes Yolanda, don David Torcuato, don Cirilo Javier, Herederos de don Cayetano Teofilo, Ignorados herederos de doña Marcelina Delia, don Justiniano Octavio, Ignorados herederos de don Anselmo Anton, don Patricio Gustavo, doña Virtudes Yolanda, Ignorados Herederos de doña Maria Paloma, don Cirilo Laureano, Ignorados herederos de doña Zulima Bernarda, doña Carmela Zulima, doña Luisa Paulina, Ignorados herederos de doña Agueda Trinidad, don Laureano Bernardino, doña Lina Florencia, Ignorados herederos de don Virgilio Prudencio, Ignorados herederos de don Gustavo Casimiro don Casiano Jose, Ignorados herederos de don Eutimio Norberto, doña Camino Flor, doña Silvia Esperanza, don Justino Heraclio, Ignorados herederos de don Casimiro Sergio, don Narciso Gustavo , doña Susana Zaida, don Octavio Roque doña Angelina Lourdes, don Hipolito Agustin, Ignorados herederos de don Severiano Teodoro, Ignorados herederos de don Romualdo Maximiliano, doña Penelope Enma, doña Leocadia Salvadora, don Norberto Horacio, doña Leonor Filomena, don Marcial Fermin , doña Juliana Leocadia, don Adriano Marino y don Mario Bernardo.

1.- Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dicte “ “… sentencia por la que a).- Se declare el dominio por prescripción adquisitiva de las parcelas que se enumeras a favor de los respectivos demandantes: Descripción: parcela de terreno sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid), CALLE000 n° NUM000. Tiene una superficie de ochocientos cinco metros cuadrados (805 m2)- Linda: por su frente, entrando, calle particular y parcela n° NUM001; NUM002, Colonia del camino; derecha, parcela de la que se segregó, hoy CALLE000 n° NUM003 y fondo, casa n° NUM004 de la CALLE001.- A favor de Doña Justa Dulce la siguiente finca: Descripción: parcela de terreno sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid), CALLE000 n° NUM003. Tiene una superficie de setecientos treinta y ocho metros cuadrados (738 m2). Linda: por su frente, entrando, CALLE000; NUM002, calle particular; derecha, casa n° NUM004 de la CALLE001 y fondo parcela de la que se segregó, hoy CALLE000 n° NUM000.- A favor de Don Bruno Octavio la siguiente finca: “Descripción 1.- Parcela número NUM004, hoy CALLE001 n° NUM004.-Tierra en término municipal de Pozuelo de Alarcón, al sitio Pozo de la Nieve, con una superficie de mil quinientos cuarenta y tres metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda: al frente, u oeste, en línea de siete metros veinte centímetros, con el Camino Viejo de Madrid y en dos líneas de veintiséis metros treinta centímetros y ocho metros, con resto de finca; por la derecha, al sur, en dos líneas de ocho metros setenta y cinco centímetros y catorce metros treinta centímetros, con Don Eusebio Landelino, y en otras dos líneas de veintiún metros sesenta centímetros y once metros treinta centímetros, con resto de finca; por la izquierda, al Norte, en línea de cincuenta metros sesenta centímetros, con la parcela número NUM005, que se segrega de la finca matriz; y al fondo, o saliente, en líneas de siete metros ochenta centímetros y treinta y nueve metros veinte centímetros, con la Colonia del Camino”.- A favor de El Instituto Secular de las hermanas Marianas de Schoenstatt la siguiente finca: Parcela de terreno en el término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con una superficie de seiscientos diecisiete metros con veinticinco centímetros cuadrados (61 7,25 m2), que linda: al Noroeste, en línea de 24,69 m, con parcela número NUM004 de la Urbanización, propiedad de Don Genaro Martin; al Noroeste, en línea de 25 m, con la parcela n° NUM001, propiedad de Don Lorenzo Cayetano, y Sureste, en línea de 24,69 m, con CALLE000.- A favor de Doña Manuela Raquel la siguiente finca: “Parcela al sitio de pozo de la nieve, hoy CALLE000 n° NUM004, con una superficie de quinientos metros cuadrados (500 m2). Linda: al Norte, con parcela de Don Justo Domingo; al Sur, con el camino del Cementerio; al Este, con parcela de Don Cayetano Teofilo; al Oeste, con la CALLE002 “.- A favor de los esposos Don Lorenzo Cayetano y Doña Matilde Yolanda la siguiente finca: “Parcela al sitio de pozo de la nieve, hoy CALLE000 n° NUM001, con una superficie de setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (746 m2). Linda: al Nordeste, parcela del suegro de Don Bartolome Ismael; al Sudeste, resto de la finca propiedad de Coello y Gamazo SA; al suroeste, con el Camino de Alcorcón; y al noroeste, fincas de Don Samuel Dario y Don Cayetano Teofilo.- b) – Que en fase de ejecución de sentencia se libre mandamiento al Registro de la propiedad n° 1 y se ordene la inscripción como fincas independientes de cada una de las parcelas descritas en el apartado anterior a favor de sus respectivos propietarios, ordenándose la cancelación de todos los asientos contradictorios con dichas inscripciones.- Y todo ello con expresa condena de las costas causadas a esta parte a quien se opusiere a la presente demanda.” 2.- Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de don Silvio Dario, don Herminio Celestino y don Cornelio Belarmino; doña Silvia Esperanza, y Norberto Horacio; doña Penelope Enma y doña Debora Estrella; doña Leonor Filomena; doña Juliana Leocadia, representada por su hijo don Nazario Pedro; don Emilio Eutimio, contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que, se “… dicte resolución judicial por la que se decrete no haber lugar a la acción instada por los demandantes, condenándoles al pago de las costas, y todo ello a los efectos legales oportunos.” La representación procesal de doña Carmela Zulima contestó asimismo la demanda y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando la Juzgado “… se sirva dictar en su día sentencia, desestimando íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.” La representación procesal de don Mario Bernardo contesto la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado “…. dicte resolución judicial por la que se decrete no haber lugar a la acción instada por los demandantes, condenándoles al pago de las costas, y todo ello a los efectos oportunos.” Asimismo la representación procesal de don Genaro Landelino contestó la demanda y, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado “… dicte resolución por la que se acuerde: 1.º Inadmitir la demanda al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 399 de la LEC, por cuanto no determina la identidad de los demandados, 2.º Subsidiariamente, para el caso de que no se estime la inadmisión por defecto legal en el modo de proponer la demanda, declarar la falta de legitimación pasiva de D. Genaro Landelino.- Todo ello con expresa condena en costas a los demandantes.” La representación procesal de doña Maite Filomena contestó la demanda oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que, “… dicte resolución judicial por la que se decrete no haber lugar a la acción instada por los demandantes, condenándoles al pago de las costas, y todo ello a los efectos legales oportunos.” 3.- Por providencia de fecha 30 de julio de 2004, se acordó declarar en rebeldía a los codemandados, Nazario Pedro, Juliana Leocadia, Romualdo Maximiliano, Domingo Jenaro, Romeo Ernesto, Beatriz Tatiana, Eloy Valeriano, Emilio Narciso, Ines Teodora, Jaime Jeronimo, Higinio Eutimio, Millan Ignacio, Justiniano Octavio, Severiano Teodoro, Florinda Bibiana, Bernardo Evelio, Millan Ignacio, Eufrasia Frida, Anton Victorio, Javier Blas, Cirilo Javier, Nazario Pedro, Gracia Sonia.

Por providencia de fecha 29 de diciembre de 2006, se acordó declarar en rebeldía a los codemandados, Angela Angeles, Laureano Bernardino, Susana Zaida, Octavio Roque, Angelina Lourdes, Piedad Maite y Leocadia Salvadora.

4.- Convocadas las partes a la audiencia previa, las pruebas propuestas y declaradas pertinentes fueron practicadas en el juicio, quedando los autos conclusos para sentencia.

5.- El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 18 de septiembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue:

“FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Poveda Guerra en la representación que tiene acreditada en los presentes autos, absolviendo a los demandados de las pretensiones formuladas de contrario.- Con imposición de las costas devengadas en la tramitación de esta causa a la parte demandante.” SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación doña Elisenda Andrea, doña Justa Dulce, doña Yolanda Juana, doña Julia Susana, doña Isabel Belinda (como herederas de doña Hortensia Salome en nombre de la comunidad de herederos de don Bruno Octavio ) y el “Instituto Secular de Schoenstatt, Hermanas de María, Casa de España”, doña Manuela Raquel, doña Matilde Yolanda, don Blas Ezequias, doña Eulalia Petra, doña Estefania Zulima, Estefania Zulima, doña Celsa Petra, don Evelio Isaac (como herederos de don Lorenzo Cayetano ), y sustanciada la alzada, la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2013, cuyo Fallo es como sigue:

“Desestimando los recursos de apelación interpuestos por Dña. Manuela Raquel representada por la Sra. Procuradora Dña. María Teresa Quesada Martínez, el planteado por Dña. Matilde Yolanda, D. Blas Ezequias, Dña-. Eulalia Petra, Dña. Estefania Zulima, Dña. Celsa Petra y D. Evelio Isaac, representados por la Sra. Procuradora Dña. María Teresa Quesada Martínez y el planteado por Dña. Elisenda Andrea, y Dña. Justa Dulce Dña. Yolanda Juana, Dña. Julia Susana, Dña. Isabel Belinda y el Instituto Secular Schóenstatt Hermanas de María Casa de España, representados por la Sra. Procuradora Dña. Pilar Poveda Guerra, contra Sentencia de fecha 18 de Septiembre de 2007 dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Majadahonda en autos de Juicio Ordinario n° 219/03 promovidos a instancia de las citadas partes contra Dña. Tarsila Tamara, y herederos de Dña. Luisa Paulina, D. Oscar Agapito, Dña. Carmela Zulima y Dña. Rosalia Celestina, representados por la Sra. Procuradora Dña. Margarita López Jiménez, y contra Ignorados herederos de D. Cirilo Laureano, Ignorados herederos de D. Hipolito Agustin, Ignorados herederos de D. Narciso Gustavo, D. Domingo Jenaro, D. Romualdo Maximiliano, Herce…. JQ…., D. Romeo Ernesto, Dña. Esther Lourdes, D. Eloy Valeriano, Dña. Ines Teodora D. Jaime Jeronimo, Dña. Edurne Maria, Dña. Coro Paula, D. Edemiro Nemesio, Dña. Florinda Bibiana, D. Millan Ignacio, D. Higinio Eutimio D. Bernardo Evelio, D. Pedro Maximiliano D. Anton Victorio, D. Javier Blas D. Javier Blas D. Cornelio Belarmino, D. Herminio Celestino, D. Silvio Dario, Dña. Maite Filomena D. Doroteo Emilio, Dña. Maite Filomena, D. Emilio Eutimio, Dña. Debora Estrella, Dña. Estrella Ofelia, Dña. Paloma Salvadora, D. Genaro Landelino, D. Nazario Pedro, D. Emilio Narciso, Dña. Eufrasia Frida, D. Mario Bernardo, D. Adriano Marino, Dña. Juliana Leocadia, D. Marcial Fermin, Dña. Leonor Filomena, D. Norberto Horacio, Dña. Leocadia Salvadora, Dña. Penelope Enma, Ignorados herederos de D. Romualdo Maximiliano, Ignorados herederos de D. Severiano Teodoro , D. Hipolito Agustin, Dña. Angelina Lourdes D. Octavio Roque Dña. Susana Zaida, Dña. Tomasa Isidora, Dña. Delia Frida, Ignorados herederos de D. Eutimio Norberto, D. Ovidio Eulalio, Ignorados herederos de D. Gustavo Casimiro, Ignorados Herederos de D. Virgilio Prudencio, Dña. Lina Florencia, D. Laureano Bernardino Ignorados Herederos de Dña. Agueda Trinidad, Ignorados herederos, de Dña. Zulima Bernarda, D. Cirilo Laureano, Ignorados herederos de Dña. Maria Paloma, Dña. Virtudes Yolanda, D. Cirilo Laureano, Ignorados Herederos de Dña. Maria Paloma, Dña. Virtudes Yolanda, D. Patricio Gustavo , Ignorados Herederos de D. Anselmo Anton D. Justiniano Octavio, Herederos de D. Cayetano Teofilo, Ignorados herederos de Dña. Marcelina Delia, D. Cirilo Javier, Dña. Nazario Inocencio, D. David Torcuato , Dña. Guadalupe Catalina, Debemos Confirmar y Confirmamos la referida resolución, imponiendo las costas procesales causadas en esta segunda instancia a las partes apelantes por sus respectivos recursos.” En fecha 23 de julio de 2013, se dictó auto de aclaración de la mencionada sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

“1.- Estimar la petición formulada por la Procuradora Sra. López Jiménez en nombre y representación de Da Carmela Zulima y de DB Dulce Justa, D. Oscar Agapito y D8 Rosalia Celestina, como herederos de Da Rosalia Silvia de Rectificar la Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 27 de mayo de 2013, en el sentido que se indica: Eliminar la referencia que se hace en la página 4 de la sentencia relativa a haberse hecho constar como demandadas incomparecidas a D.ª Carmela Zulima y Da Rosalia Silvia, siendo que, tal y como aparece reflejado en la página 3 de la misma, D.ª Carmela Zulima comparece como apelada demandada y D.ª Dulce Justa, D. Oscar Agapito y Da Rosalia Celestina, como herederos de D.ª Rosalia Silvia, comparecen como apelados demandados, todos ellos representados por la Procuradora Sra. López Jiménez.” TERCERO.- La procuradora doña María Teresa Quesada Martínez, en nombre y representación de doña Manuela Raquel, formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, fundado el primero como único motivo, al amparo del artículo 469.1.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la infracción de los arts. 218.2 y 281.1 de la LEC, generando indefensión y no obteniendo tutela judicial efectiva.

El recurso de casación se funda en la infracción de la jurisprudencia de esta Sala en relación con los artículos 447 y 1941 del Código Civil sobre la posesión en concepto de dueño.

CUARTO.- La misma procuradora, en nombre y representación de doña Matilde Yolanda y otros, interpuso igualmente recurso de casación por interés casacional fundado en la infracción de la doctrina jurisprudencial de esta Sala en relación con la posesión en concepto de dueño y lo dispuesto por el artículo 1959 del Código Civil.

QUINTO.- Por la Sala se dictó auto de fecha 1 de julio de 2014, rectificado por el de 9 de septiembre siguiente, por el que se acordó la admisión de los referidos recursos. Igualmente se acordó dar traslado respectivo a las partes recurridas, que se opusieron a los interpuestos de contrario.

SEXTO.- No habiendo solicitado las partes la celebración de vista, se señaló para votación y fallo el pasado día 12 de enero de 2016.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda que da origen al presente procedimiento de juicio ordinario, interpuesta por los ahora recurrentes y otros, se interesaba sentencia por la que se declarara que los distintos demandantes eran dueños por prescripción adquisitiva de los terrenos -todos ellos pertenecientes a la finca n.º NUM006 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Pozuelo de Alarcón- que cada uno había adquirido por diferentes títulos y, en consecuencia, que eran titulares en pleno dominio de las fincas a que se refieren debiéndose proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Los demandados eran los titulares registrales de 7/8 partes de la citada finca matriz de la que procedían las fincas de los demandantes.

En concreto la demandante doña Matilde Yolanda y sus hijos interesaban que se declarase el dominio por usucapión de la parcela descrita en el contrato de compraventa de fecha 15 de julio de 1970 suscrito por doña Matilde Yolanda y su esposo -fallecido- en calidad de compradores con la mercantil vendedora Coello y Gamazo, S.A., como vendedora, sobre la que esta última les construyó un chalet; y la otra demandante, también recurrente, doña Manuela Raquel solicitaba que se declarase el dominio por prescripción adquisitiva de la parcela de 500 metros, sobre la que edificó una vivienda, que había adquirido también en 1970 mediante contrato de compraventa formalizado en documento privado celebrado con don Cayetano Teofilo, el cual hizo constar en el documento que era dueño el terreno en virtud de partición testamentaria sobre la finca matriz n.º NUM006. Sostenían los demandantes que la finca matriz pertenecía a los hermanos don David Torcuato, don Bruno Octavio, don Cirilo Javier y don Cayetano Teofilo, al haberla recibido por herencia de su abuela doña Modesta Vanesa, la cual tenía siete hermanos que junto con ella se adjudicaron por octavas e iguales partes la propiedad de varias fincas, entre ellas la n.º NUM006 que, por acuerdo entre todos ellos, se adjudicó en exclusiva doña Gracia Sonia sin que, no obstante, se formalizara la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Los demandados se opusieron a tales pretensiones y el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda tras valorar la documental obrante en las actuaciones, pues llegó a la conclusión de que los actores no habían poseído sus parcelas en concepto de dueño.

Recurrieron en apelación los demandantes y la Audiencia Provincial de Madrid desestimó los recursos de apelación. En lo que aquí interesa sostuvo que: a) La sentencia recurrida no estaba falta de motivación por el hecho de que no precisara las circunstancias particulares de cada parte; b) Que los hermanos Llorente, de quienes traen causa los demandantes, solo eran propietarios de 1/32 parte cada uno de la finca NUM006 del Registro de la Propiedad de Pozuelo -pues a los cuatro hermanos correspondía conjuntamente 1/8 por herencia de doña Gracia Sonia – sin que dicha parte pudiera concretarse sobre el terreno, siendo esta la razón por la que ninguno de los demandantes pudo poseer a título de dueño un trozo o porción concreta, ya que la transmisión efectuada a su favor no fue válida; c) No existen como fincas independientes dichas porciones, habiendo adquirido quienes las vendieron a los demandantes una cuota parte indivisa del total de la única finca existente como tal, que es la registral n.º NUM006 del Registro de la Propiedad.

Contra dicha sentencia se interponen los referidos recursos.

Recurso por infracción procesal interpuesto en nombre de doña Manuela Raquel SEGUNDO.- El único motivo del recurso se formula al amparo del artículo 469, 1. 3° de la LEC, por infracción de los arts. 218.2 y 281.1 de la LEC, al haberse generando indefensión y falta de tutela judicial efectiva.

Viene a sostener la parte recurrente que la sentencia de primera instancia no tuvo en consideración ninguna de las pruebas aportadas por cada uno de los demandantes a título personal, de tal forma que estimó que todos ellos se encontraban en la misma situación jurídica, habiéndose denunciado en el recurso de apelación que no se habían tenido en consideración las referidas pruebas aportadas de manera particular por cada una de las partes demandantes, existiendo pues “una falta de motivación indudable y cierta, aparte de incongruencia omisiva, a la vez que ello redundó en falta de valoración de la prueba que impidió, al final, la obtención de la tutela judicial”. Se interesó ante la Audiencia la devolución de las actuaciones al Juzgado para que resolviera sobre la situación jurídica de cada una de las partes argumentando que, en caso de no hacerse, “se estaría sustrayendo a las partes de una instancia e incluso se le estaría generando indefensión”.

La parte recurrente busca amparo conjuntamente y en un solo motivo en los apartados 2.º, 3.º e incluso el 4.º, del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciando en realidad una infracción de norma reguladora de la sentencia (artículo 218) que le priva de tutela judicial efectiva, para solicitar -al parecer- una devolución de actuaciones a la primera instancia para que se realice una completa valoración de la prueba puesto que así lo denunció en la apelación y no se satisfizo dicha petición.

El motivo ha de ser desestimado. Como esta Sala ha reiterado, la sentencia objeto de recurso es la dictada en apelación -no la de primera instancia- y la Audiencia Provincial sí aborda separadamente la situación jurídica de cada una de las partes recurrentes, resolviendo en consecuencia, por lo que no cabe ahora denunciar posibles defectos de la sentencia de primera instancia. Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, incluso en el caso de estimación de la apelación por infracción procesal, establece que la Audiencia “resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso”.

La STS núm. 603/2008, 23 junio, establece “no es objeto de casación la (sentencia) de primera instancia, que ha sido sustituida y eliminada del mundo jurídico por la de segunda instancia, incluso si ésta se remite a aquélla, que existirá jurídicamente por la remisión y no por sí misma”.

En consecuencia, se desestima el recurso.

Recurso de casación interpuesto en nombre de doña Manuela Raquel TERCERO.- Se formula un solo motivo alegando la oposición de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid a la jurisprudencia de esta Sala, en relación con los artículos 447 y 1941 del Código Civil sobre la posesión en concepto de dueño, y en concreto a las siguientes sentencias: la de 23 de septiembre de 2011 (sentencia 500/2011; recurso 1742/2007 ); 19 de mayo de 2005 (sentencia n° 390/2005; recurso 4534/1998 ); 29 de diciembre de 2000 (sentencia n° 1214/2000; recurso 3647/1995 ); 10 de mayo de 2007 (sentencia n° 516/2007; recurso 2343/2000 ), y, del Pleno de la misma Sala de 19 de noviembre de 2012 (sentencia n° 540/2012; recurso 1347/2009 ).

Afirma la Audiencia en la sentencia hoy recurrida que “cuando D. Cayetano Teofilo, vende a Dña. Manuela Raquel en contrato privado de fecha 5 de Diciembre de 1970, la finca que la misma reivindica en el presente pleito, lo cierto es que no podía transmitirle esa porción concreta de dicha finca, dado que únicamente debe reiterarse era propietario de una cuota indivisa de la misma, no de una porción o trozo concreto de la finca. Por ello, nunca pudo entenderse que dicha transmisión tuviera un carácter válido tal y como fue realizada. Máxime cuando incluso consta en autos, que a sabiendas de carecer del carácter de dueños en su 100% de la propiedad, los hermanos David Torcuato, Cirilo Javier y Cayetano Teofilo, pretendieron mediante la interposición de un Expediente de Dominio en fecha de 21 de Julio de 1971, el obtener mediante la reanudación de tracto sucesivo, la inscripción a su favor de la cuota del 7/8 de la finca que se encontraba inscrita a nombre de terceras personas, viendo totalmente rechazada su pretensión por Auto de fecha 20 de Marzo de 1972….”.

A ello añade -y esta consecuencia es la que no resulta compartida- que “ por lo expuesto, Dña. Manuela Raquel, nunca pudo poseer como dueña el trozo concreto o porción de la finca n.º NUM006 sobre el que ejercita su acción declarativa de dominio, dado, que no existe como finca independiente dicha porción, habiendo con ello solo adquirido de D. Fidel Domingo, una cuota parte indivisa del total de única finca existente como tal, que lo es la registral n.º NUM006 del Registro de la Propiedad de Pozuelo. Debiendo además hacerse constar, que una mínima diligencia de la hoy recurrente en aras a comprobar la situación registral de la finca que adquiría, o de los documentos en que basaba su vendedor su derecho, hubiera puesto de manifiesto la realidad de la situación. Por ello, debe ratificarse la falta de posesión a título de dueña de la parte actora Dña. Manuela Raquel, sobre la porción de terreno, perteneciente a la finca n.º NUM006 que conlleva, la desestimación de su recurso, puesto que dicha falta de posesión a título de dueña importa que no pueda ser tenida por adquirida la porción reivindicada, ni por prescripción ordinaria ni por prescripción extraordinaria….”.

Tales razonamientos, que pudieran afectar en todo caso a la buena o mala fe del poseedor, no se refieren en realidad al requisito de la posesión en concepto de dueño, que es algo distinto y que desde luego existe cuando se realizan actos propios del dominio, entre los que destaca el hecho de edificar sobre el terreno, lo que da lugar a la posesión “ad usucapionem” pues, con independencia de la inexistencia registral de la finca adquirida -que sin embargo sí se delimitó al ser transmitida- tal posesión como dueño, unida a los demás requisitos legalmente previstos, da lugar a la adquisición del dominio, siendo así que en el caso presente – habiendo transcurrido más de treinta años- ni siquiera sería necesaria la concurrencia de buena fe y de justo título ( artículo 1959 del Código Civil ).

En consecuencia, cuando se trata de la prescripción adquisitiva -singularmente en el caso de la extraordinaria- ha de estimarse consumada cuando concurre el requisito de la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida ( artículo 1941 del Código Civil ), sin que pueda exigirse para que la posesión pueda ser considerada en “concepto de dueño” que se adquiera de quien figura como tal en el Registro de la Propiedad, ni confundir este requisito con el de la buena fe -que resulta innecesaria en el caso de la prescripción extraordinaria, como es el caso, según lo dispuesto por el artículo 1959 del Código Civil – lo que se deriva de la propia doctrina jurisprudencial citada por la recurrente, que queda resumida por la STS núm. 467/2002, de 17 mayo, que con cita de otras muchas resoluciones, afirma que la jurisprudencia viene reiterando que el requisito de la “posesión en concepto de dueño” no es puramente subjetivo o intencional, por lo que no basta la pura motivación volitiva ( Sentencias 6 octubre 1975 y 25 octubre 1995 ) representada por el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso, además, el elemento objetivo o causal ( SSTS de 20 noviembre 1964 y 18 octubre 1994 ) consistente en la existencia de “actos inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico” ( Sentencia 3 octubre 1962, 16 mayo 1983, 29 febrero 1992, 3 julio 1993, 18 octubre y 30 diciembre 1994, y 7 febrero 1997 ), “realización de actos que solo el propietario puede por sí realizar” ( STS 3 junio 1993 ); “actuar y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos posesorios” ( STS 30 diciembre 1994 ).

Se añade por dicha sentencia de 17 de mayo de 2002 que “el juicio de calificación mediante el cual se atribuye a los datos fácticos previamente fijados la significación jurídica de “en concepto de dueño” (concepto jurídico indeterminado) constituye una “quaestio iuris”, y, por ende, es susceptible de revisión en casación.

En tal sentido debe entenderse la doctrina jurisprudencial cuando alude a la posesión en concepto de dueño como cuestión de hecho ( Sentencias 27 diciembre 1945, 30 septiembre 1964, 30 marzo 1974, 20 diciembre 1985, 3 junio 1993, 20 octubre 1994, 25 octubre 1995 )…”.

El fundamento de la usucapión, más allá de un presunto abandono del derecho por quien “pudiera ser” titular originario del mismo, es de carácter objetivo y consiste en dar seguridad a los derechos de modo que, transcurrido el tiempo fijado por la ley en su ejercicio y concurriendo los demás requisitos exigidos, éste queda consolidado y cubierto frente a todos, evitando así las dificultades de prueba que pudieran existir para justificar el origen de derechos reales adquiridos en tiempos ya lejanos.

En el caso existen datos fijados en la instancia -entre los que destaca la propia construcción de una vivienda- que revelan el hecho de la posesión en concepto de dueña por parte de la recurrente por más de los treinta años previstos para la prescripción extraordinaria en el artículo 1959 del Código Civil, sin que frente a ello puedan prevalecer las alegaciones de los demandados referidas a que el “dies a quo” para el cómputo del plazo de treinta años debe fijarse el día 11 de julio de 2001 -en que el contrato se eleva a escritura pública desconociendo la fecha en que se dio inicio al estado posesorio que es la que da comienzo a la prescripción, o a que no se puede poseer en concepto de dueño hasta que la vivienda se usa para vivir, sin computar el tiempo que se usaba sólo para los fines de semana, ni se ha de tener en cuenta la fecha de los contratos para suministro de energía eléctrica y agua.

En consecuencia el recurso ha de ser estimado, así como la demanda en cuanto a las pretensiones de dicha demandante.

Recurso de casación interpuesto en nombre de doña Matilde Yolanda y otros CUARTO.- El único motivo del recurso alega la infracción del artículo 1959 del Código Civil y centra el interés casacional en la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del TS sobre la posesión en concepto de dueño, contenida en SSTS de 10 de noviembre de 1955, 29 de octubre de 1994, 22 de febrero de 1997, 25 de enero de 2007 y 31 de octubre de 2011.

Se afirma, como fundamento del recurso, que la sentencia impugnada viene a exigir un título válido, además de idóneo, para transmitir la finca objeto de la acción declarativa de dominio por prescripción adquisitiva, como requisito para apreciar la existencia de “posesión en concepto de dueño”, cuando precisamente para la prescripción extraordinaria ni siquiera es necesario el título.

La sentencia impugnada, formula también en relación con estos recurrentes los siguientes razonamientos en su fundamento de derecho quinto: “De igual forma, en el caso de Dña. Eulalia Petra y herederos de D. Lorenzo Cayetano, siendo aplicables los mismos extremos reseñados, ha de estimarse que en su caso, habiendo adquirido la porción de terreno, que hoy reivindican por compra en contrato privado de fecha 15 de Julio de 1970 de la entidad Coello y Gamazo SA quien a su vez había adquirido una porción de 2087 metros de terreno por contrato privado de 1969 de los hermanos David Torcuato y Cayetano Teofilo, tampoco puede estimarse que poseyeran el terreno a título de dueños, puesto que solo se les pudo transmitir como en el caso anterior una cuota parte indivisa de la finca n.º NUM006 del Registro de Pozuelo de Alarcón, no una parte concreta o porción. No habiendo tampoco desarrollado acción alguna de comprobación registral que les hubiera indicado la exacta situación del derecho de propiedad que estimaban adquirir, ni menos comprobación del título de propiedad de su vendedor Coello y Gamazo SA, puesto que en el contrato privado de compra de dicha entidad, según fue redactado en su día, consta perfectamente señalado que el derecho de propiedad de los vendedores Srs. D. David Torcuato y D. Cayetano Teofilo, no estaba inscrito.

Por lo expuesto, no concurriendo la posesión a título de dueños de los actores ahora recurrentes Dña. Matilde Yolanda y herederos de D. Lorenzo Cayetano, sobre la porción de terreno objeto de su acción, en base a los fundamentos ya expuestos, debe desestimarse el recurso de apelación por los mismos interpuesto…..” Procede reiterar los argumentos ya expuestos con ocasión del recurso de casación interpuesto por doña Manuela Raquel. También en este caso los recurrentes adquieren un terreno con base y origen en una segregación de finca efectuada por los que se presentaban como dueños de la totalidad de la finca matriz, adquiriendo de Coello y Gamazo SA en 1970 una parcela de 746 metros cuadrados con fijación de los oportunos linderos, sobre la que la vendedora edificó un chalet para dichos compradores, finalizado y entregado en 1971. Resulta plenamente acreditada por tanto la posesión en concepto de dueño y el transcurso del plazo de treinta años para que se consume la prescripción adquisitiva a favor de los ahora recurrentes y también ahora han de rechazarse los argumentos en contra expresados por los demandados en su escrito de contestación a la demanda que en nada afectan al hecho demostrado de la posesión apta para la adquisición del dominio por usucapión extraordinaria, lo que hace innecesaria la consideración de la presencia de buena fe y de justo título.

QUINTO.- De todo ello ha de seguirse necesariamente la desestimación del recurso por infracción procesal y la estimación de ambos recursos de casación, con la consiguiente estimación de la demanda en cuanto a las pretensiones de las partes hoy recurrentes. Se imponen a la parte que recurrió por infracción procesal las costas causadas por su recurso, que se desestima, sin imposición de las causadas por los recursos de casación ( artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), y resolviendo en cuanto a los depósitos constituidos ( Disposición Adicional 15.ª. 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que Debemos Declarar y Declaramos no haber lugar al recurso por infracción procesal interpuesto en nombre de doña Manuela Raquel y haber lugar a los recursos de casación interpuestos por la misma y por doña Matilde Yolanda y otros contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 18.ª) con fecha 27 de mayo de 2013, en el Rollo de Apelación n.º 373/12 dimanante de autos de juicio ordinario n.º 219/03, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Majadahonda a instancia de las hoy recurrentes y otros contra los ignorados herederos de doña Nazario Inocencio y otros con los siguientes pronunciamientos:

1) Casamos dicha sentencia dejándola sin efecto en cuanto a los pronunciamientos que se refieren a los recurrentes.

2) Estimamos la demanda interpuesta por dichas recurrentes.

3) Declaramos que la demandante doña Manuela Raquel es dueña por prescripción adquisitiva de la finca que se describe como “Parcela al sitio de pozo de la nieve, hoy CALLE000 n.º NUM004, con una superficie de quinientos metros cuadrados (500 m2). Linda: al Norte, con parcela de Don Justo Domingo ; al Sur, con el camino del Cementerio; al Este, con parcela de Don Cayetano Teofilo; al Oeste, con la CALLE002 “.

4) Declaramos que los demandantes doña Matilde Yolanda y herederos de don Lorenzo Cayetano son dueños por prescripción adquisitiva de la finca que se describe como “Parcela al sitio de pozo de la nieve, hoy CALLE000 n.º NUM001, con una superficie de setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (746 m2).

Linda: al Nordeste, con parcela del suegro de Don Bartolome Ismael; al Sudeste, resto de la finca propiedad de Coello y Gamazo SA; al Suroeste, con el Camino de Alcorcón; y al Noroeste fincas de Don Samuel Dario y Don Anton Victorio.

5) Declaramos haber lugar a librar mandamiento al Registro de la Propiedad a fin de que se inscriban dichas fincas como independientes a favor de sus respectivos propietarios.

6) Condenamos a los demandados al pago de las costas causadas en primera instancia a dichas demandantes y dejamos sin efecto la condena en costas de las mismas en apelación.

7) Condenamos a la recurrente doña Manuela Raquel al pago de las costas causadas por el recurso por infracción procesal, que se desestima, con pérdida del depósito constituido.

8) No ha lugar a condena en las costas causadas por los recursos de casación, con devolución de los depósitos constituidos para su interposición.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Marin Castan.- Jose Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller.- Francisco Javier Arroyo Fiestas.- Eduardo Baena Ruiz.- Fernando Pantaleon Prieto.- Xavier O’Callaghan Muñoz.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Salas Carceller, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

Jornada de Dret Civil Valencià: passat, present i futur

abril 21, 2016 | | Comments Off on Jornada de Dret Civil Valencià: passat, present i futur

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana presenta
Jornada de Dret Civil Valencià Passat, present i futur
segons el següent
Programa
16:15 h. PRESENTACIÓ
Paraules del director de la Jornada, Prof. Dr. José Bonet Navarro, i del decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Prof. Dr. Federico Martínez Roda.
16:30 h. TAULA SOBRE EL DRET CIVIL VALENCIÀ EN EL PASSAT. ELS MÈRITS DEL
DRET FORAL VALENCIÀ
Intervenen:
Prof. Dr. Aniceto Masferrer (Professor Titular, acreditat a catedràtic, d’Història del Dret, UVEG)
Prof. Dr. Pascual Marzal Rodríguez (Professor Titular, acreditat a catedràtic, d’Història del Dret, UVEG)
Prof. Dr. Francisco Javier Palao Gil (Professor Titular d’Història del Dret, UVEG, Titular de la Càtedra de Dret Foral)
Coordina: Prof. Dr. Alejandro Valiño Arcos (Catedràtic de Dret Romà, UVEG)
Descans 5 minuts.
17:45 h. TAULA SOBRE EL DRET CIVIL VALENCIÀ EN EL PRESENT. LES VENTAGES D’UN DRET CIVIL PROPI
Intervenen:
Iltre. Sr. En Jorge Milz Ramón (Notari en Valéncia) Sr. En José Soriano Poves (Advocat. Diputat 1º ICAV)
Sra. Na Lorena Ferrandis Navarro (Advocada i Professora Associada, UVEG) Coordina: Sr. En José Ramón Chirivella Vila (President Associació de Juristes Valencians)
Descans 5 minuts
19:00 h. TAULA SOBRE EL DRET CIVIL VALENCIÀ EN EL FUTUR. HORISÓ INCERT PELS RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT
Intervenen:
Iltre. Sra. Dra. Maria José Ferrer San Segundo (Grup Popular en les Corts) Iltre. Sra. N’Ana Barceló Chico(Grup Socialiste en les Corts)
Iltre. Sra. Na Isaura Navarro Casillas (Grup Compromís en les Corts) Iltre. Sr. En Emigdio Tormo Moratalla (Grup Ciudadanos en les Corts) Iltre. Sra. Dra. Fabiola Meco Tébar (Grup Podemos -­‐ Podem en les Corts)
Coordina: Prof. Dr. José Bonet Navarro (Catedràtic de Dret Processal, UVEG)
20: 15 h. Clausura: Ilm. Sr. En Josep Ochoa Monzó (Director General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern)
Lloc: Saló d’Actes de la RACV direcció: C/ Avellanes, 26, Valéncia
Dia: 21/04/2016 – 16:15

Web de la RACV
Descargar el programa desde la AJV